Las sociedades prestadoras de servicios privados de salud y su responsabilidad civil. Aspectos jurisprudenciales.


En los últimos años se ha desarrollado tanto en la doctrina nacional como internacional un interesante intercambio de opiniones, debates, reflexiones y juicios sobre la responsabilidad civil que puedan tener las sociedades prestadoras de servicios privados de salud ante hechos ilícitos cometidos por médicos. La importancia de este abordaje se explica debido al riesgo de inviabilidad de las mencionadas sociedades ante condenas por daños y perjuicios.

En efecto, ha existido la tendencia al momento de demandar la responsabilidad civil objetiva producto de una intervención quirúrgica o acto médico en general, de accionar conjuntamente tanto al médico tratante como a la clínica o sociedad prestadora de servicios privados de salud. Para ello, se alega responsabilidad solidaria, litis consorcio pasivo o relación de dependencia. Esto basado en la mayor fortaleza económico-financiera del centro privado de salud del que pudiese tener el galeno.

Estas actuaciones han tenido como consecuencia el cierre parcial o total, o el riesgo de la existencia de las sociedades prestadoras de servicios privados de salud, afectando a toda una colectividad al negar o reducir el acceso al servicio de salud, lo que en Venezuela implica la violación a la garantía constitucional del derecho a la salud y la vida.

La importancia de la salud y la prestación del acceso a la mismas es tal que el Estado lo asume en la práctica como un servicio público. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 250 del 12 de abril de 2011, señaló: “En efecto, si bien la prestación privada de servicios de salud en Clínicas, Centros de Especialidades…no revisten en estricta puridad conceptual un “servicio público”, no obstante, si desempeñan una actividad de interés público intensamente regulada y sometida al más extenso catálogo de competencias de policía administrativa confiada a las autoridades públicas…”.

De allí la obligación que establece la sentencia referida sobre la notificación a la Procuraduría General de la República para evitar condenas patrimoniales que hagan deficiente o inviable la prestación del servicio.

Por lo tanto, es necesario considerar el aspecto relacionado con la responsabilidad contractual o extracontractual del médico como profesional de la medicina y el centro especializado o Clínica privada. Así la Sala Constitucional en el fallo antes citado declaró: “…la medicina es una profesión liberal que se encuentra regido por las normas de derecho y no de derecho mercantil, por lo que la responsabilidad (de los médicos) de sus actos u omisiones es una responsabilidad personalísima”.

En ese sentido, se hace obligatorio demostrar la relación de dependencia de los galenos con el centro de salud para que pueda operar la responsabilidad civil en actos médicos, de lo contrario, se violan principios de responsabilidad contractual o extracontractual, ya que el hecho de que los galenos se organicen en mecanismos típicos del derecho mercantil como sociedades anónimas no implica que la medicina abandone su estatus como profesión liberal. Distinto el caso referido a los servicios que presta el centro de salud en sí mismo como local, quirófano y servicios asociados.